Below is a translation of Aditya Chakrabortty’s recent Guardian article on access to justice for workers.

El acceso a la justicia no es más un derecho laboral, sino un lujo

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“Si no hubiera podido ir al tribunal, no creo que hubiera estado aquí hoy,” dice la limpiadora Liliana Almanza. “Si yo hubiera seguido así, no habría podido contar esta historia.”

Aditya Chakrabortty

La introducción de tarifas ha alejado los tribunales de empleo del alcance de muchas personas. El Supremo debe restaurar el equilibrio.

“Si no hubiera podido ir al tribunal, no creo que hubiera estado aquí hoy,” dice la limpiadora Liliana Almanza. “Si yo hubiera seguido así, no habría podido contar esta historia.”

Martes el 28 de marzo, 2017 06.00 BST

Las leyes que cuestan demasiado para ejecutar son leyes falsas. Un derecho civil que no está al alcance de la gente no es realmente ningún derecho. Y una sociedad que convierte la justicia en un artículo de lujo es una sociedad que no se ve más gobernada por la ley, sino por el dinero y el poder. Esta semana el tribual más alto del país va a decidir si Gran Bretaña se convertirá en tal sociedad. Hay abundantes signos que ya hemos ido demasiado lejos.

Escuchad al juez más destacado del país, Lord Thomas de Cwmgiedd, quien admite que “nuestro sistema de justicia ha pasado del alcance de la majoría.” Mirad nuestro sistema de asistencia jurídica, con su financiamiento cortado tan duramente por David Cameron y Theresa May que los pobres tienen que hacer de sus propios abogados litigantes, destinados a ser derribados por los abogados a sueldo de sus oponentes adinerados.

Siete jueces del Supremo oirán el caso más reciente, el cual enfrenta al gobierno contra el sindicato Unison. Será el colofón de una batalla legal cuatrienal centrado en uno de los derechos más fundamentales: el derecho de empleados a hacerles frente a sus jefes.

En 2013, Cameron despojó a trabajadores del derecho de acceso al sistema de tribunales de empleo. Sea una mujer embarazada que han expulsado de su trabajo, sea un hombre de origen bangladeshí que lucha contra el racismo en el trabajo, o un licenciado joven con discapacidades que sufre molestias por parte de su jefe, ahora todos tendrían que pagar £1.200 para tener la oportunidad de buscar reparaciones.

El número de casos que iban al tribunal cayó sin demora – en un 70% dentro de un año. El Citizens Advice Bureau (Atención al Ciudadano), unos abogados de empleo, y unos académicos prácticamente hicieron cola para advertir que la consecuencia sería que los trabajadores – y sobre todo los trabajadores pobres – encontrarían la justicia inasequible. Pero para los ministros conservadores, todo estaba bien. Unos portavoces leales tales como Matthew Hancock (el entonces Ministro de Empleo) sostenían que las personas disuadidas por las tarifas no eran nada más que oportunistas “inescrupulosos” que tenían el propósito de  “acosar a los jefes”. Siguiendo la lógica de Hancock, y habiendo escardado todas esas pérdidas de tiempo, uno esperaría ver aumentar el número de reclamaciones exitosas en los tribunales. De hecho, el número ha bajado.

En cada audiencia del caso de Unison, los jueces han terminado pidiendo ver a personas para quienes las tarifas han realmente representado una barrera para la justicia. Uno estaba seguro de que “si las estadísticas … se redujeran a unos casos individuales, unas situaciones se revelarían que mostrarían una incapacidad de ciertas personas de proceder ante un tribunal de empleo a causa de una falta de fondos.”

Si resultara que los jueces del Supremo quisieran la misma cosa, podrían conocer a Liliana Almanza. Encontrarían en ella un testigo convincente, aunque le resulte difícil estar sentada durante mucho tiempo debido a las tres hernias discales que tiene en la parte inferior de la espalda, las cuales le hacen sentir que esté arrastrando “una carga pesadísima”, provocándole dolores punzantes en las manos, en los hombros, y en el cuello. A veces ella sufre también de depresión severa y de ansiedad. El dolor físico y la enfermedad mental se alimentan el uno del otro.

Almanza ha trabajado de limpiadora en la Universidad de Londres desde el año 2011, y nunca ha escondido sus condiciones médicas de su empleador, una empresa de subcontratación que se llama Cofely. Entonces vino una supervisora nueva que, según Almanza, le tenía manía, amontonándole más trabajo encima de lo normal. Ella mandó a Almanza a la “planta de castigo” – realmente se trataba de tres plantas, las que normalmente limpiaban dos personas, pero ella tenía que hacer este trabajo a solas, y en poco tiempo. La aumentada carga de trabajo, sobre todo el manejar la aspiradora y la fregona, le causaba tanto dolor que a veces le mareaba. Sin embargo, dice Almanza que cuando se quejaba, la supervisora o se reía o le decía que cogiera una baja por enfermedad. Aunque esté requerido por ley, no hubo ningún ajuste por sus incapacidades.

Almanza, que es colombiana, recuerda como la supervisora le dijo que los latinoamericanos eran una banda de mendigos. En otras ocasiones, ella trataba de “perra” y “puta” a Almanza.

En sus peores días, Almanza andaba a la estación de Euston y se ponía en el mismísimo límite del andén. Esperaba a que viniera el metro. Luego ‘se encendía una luz’ y ella hacía un paso atrás.

Almanza hizo exactamente lo que querrían los ministros al hacer una queja formal vía los trámites internos de Cofely. Se la rechazó. Ella hizo una apelación y no oyó nada del tema durante meses. Por más desesperada que fuera su situación, no habría podido permitirse las tarifas de un tribunal. Algunas personas están exentas de las tarifas, pero Almanza y su marido – que son limpiadores los dos – aparentemente ganaban demasiado dinero para cumplir los requisitos de elegibilidad. La evaluación de medios económicos tampoco tiene en cuenta los costes de vida, a pesar de que, después de alquilar una habitación individual en una casa compartida en Londres (anteriormente una casa consistorial), y de pagar las facturas, no tienen casi ningún dinero a fin de mes.

Su sindicato, el minúsculo Independent Workers of Great Britain (IWGB), contribuyó algún dinero para ir al tribunal, y ayudó a financiar colectivamente el resto del dinero. Tan pronto como Almanza lo hizo, recuerda que su empleador hizo varios ajustes y alivió su carga de trabajo.

Yo me puse en contacto con Engie – así se ha renombrado Cofely – para obtener su respuesta a los cargos de Almanza. En una parte de su declaración dicen: “No toleramos la discriminación en el trabajo y cualquier reclamación … se investiga completamente. Después de una investigación extensa de los alegatos contra Cofely Workplace, se denegó todas las reclamaciones y el tribunal descargó oficialmente a Cofely de los procedimientos judiciales el 24 de mayo 2016.” Los documentos del tribunal demuestran que realmente Cofely fue descargada porque otra empresa se había quedado a cargo del contrato, la cual también llegó a un acuerdo con Almanza.

Sin donativos y los escasos recursos del IWGB, Almanza no habría podido presentar una reclamación. Si ella pudiera testificar en el Supremo, ¿qué diría? “Les diría a los jueces que si yo no hubiera podido ir al tribunal, creo que no estaría aquí hoy. Si yo hubiera seguido así, no habría podido contar esta historia. Quizás parezca una exageración, o una película. Pero es una cosa hablar de eso, y otra cosa vivirlo.”

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